El
domingo 15 de mayo una manifestación popular de caceroleos marca el
inicio de una semana difícil para el Gobierno, toda vez que nuevamente,
al igual que en el caso de Punta Choros, la ciudadanía rechaza en gran
mayoría (un 60% de los ayseninos) el proyecto Hidroaysén.
Patagonia
sin represas es un movimiento de rechazo que mantiene, además del
respaldo aysenino, una gran red mundial de solidaridad y respaldo, lo
cual deja al Gobierno en una incómoda situación internacional.
Los
intereses que se han alineado en pro de este proyecto corresponden a la
participación de gigantescas corporaciones internacionales, Endesa
España y Colbún S.A, y se ha canalizado, lobbistas mediante, a través de
una institucionalidad ambiental que fue diseñada en el período de la
Concertación, y que permite legitimar con la participación de
funcionarios que responden al Gobierno central, aquellos proyectos que
políticamente se haya decidido favorecer.
Está
fresca en la retina de la ciudadanía la aprobación que hizo el gobierno
de Bachelet del proyecto termoeléctrico de AES Gener en Pichidangui,
con un Decreto firmado un 31 de diciembre de 2009 después de movimientos
internos, a diversos niveles, para realizar un cambio del uso de
suelos, es decir, un traje a la medida, de manera de esquivar los
pronunciamientos de la Contraloría y de la Corte Suprema que habrían
impedido la realización del proyecto, dando así el gobierno de la época
el pase a una termoeléctrica en un área ya saturada.
Como
otro precedente histórico, cabe recordar que el año 2001, en el
gobierno de Ricardo Lagos, cuando Rodríguez Grossi era Ministro, se
aprobó para las termoeléctricas de Huasco y Tocopilla, el uso de
petcoke, un residuo altamente contaminante y nocivo para la salud, que
es considerado basura tóxica a nivel internacional. Pero esa decisión ha
significado que hasta la fecha la contaminación se haya agudizado en
ambas localidades.
En
este mismo marco heredado y con los mismos estilos de pasillo, los
temas son ahora Castilla en Atacama e Hidroaysén en la Patagonia. En el
caso de Hidroaysén, el lobby ha sido oficial, ya que se ha manifestado a
favor de él, el propio Presidente de la República, su Ministro
estrella, Laurence Golborne y el Ministro del Interior, Hinspeter.
Por
lo tanto, ha habido acá una decisión política de nivel central, que
deberá enfrentar los costos del caso, como podrá ser la pérdida de
popularidad del Presidente Piñera y los Ministros del área, en la
próxima medición mensual de Adimark.
Frente
al gobierno la ciudadanía articula sus redes, convoca a apagones y
caceroleos y el gallito comienza a desarrollarse, con implicancias
imprevisibles, ya que una situación como ésta, aglutinante y transversal
es quizá lo que necesita la oposición para salir de su letargo.
Si
la evaluación política es llevar adelante estos proyectos a como dé
lugar, el gobierno de la coalición deberá asumir los efectos que pueda
tener esta movilización social en los resultados electorales.
En
rigor, la situación actual abandona el terreno racional de una mesa
negociadora y se va por la vías de la confrontación, el juego de la
presión y la medición de fuerzas. El gobierno se compra un conflicto
más a beneficio de corporaciones foráneas, lo cual me parece un grave
error político si lo que busca es sentar las bases para una continuidad
de la Coalición por el Cambio en el poder.
La
sensibilidad de la población es de incredulidad frente al terrorismo
comunicacional de "Hidroaysén o el apagón" y los más racionales piden
que, previamente a la decisión sobre el proyecto, se evalúe con
transparencia el diseño de una matriz energética equitativa, que defina
los requerimientos efectivos de energía y las vías de generación con uso
de las diferentes alternativas, que son muchas.
Dejar
la definición de estos temas de Estado a las fuerzas del mercado y a la
ambición de grupos internacionales es otro error estratégico, ya que la
motivación de esos privados es colocar su tecnología y experiencia
mundial para generar energía y venderla al sistema productivo y
habitacional del país, desplazando a competidores, en forma leal o
desleal.
Nadie ha puesto una matriz clara, con costos sociales ocultos
incluídos, que permita adoptar decisiones de Estado y no al trasluz de
lo que le conviene al empresariado que ofrece una alternativa de su
conveniencia.
Sin
lugar a dudas, esta semana estará cruzada por los caceroleos y un
gobierno regalando argumentos a la oposición para que se rearticule y
ensaye un frente unido que, aceptando que puede tener un grado de
información débil, tiene la percepción de estar defendiendo algo justo,
en contra de la voracidad internacional, lo cual puede tener una
escalada difícil de medir en sus efectos políticos.
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