En los inicios del 2009 sigue vigente la convicción y el consenso sobre el potencial de las TIC como herramientas del desarrollo sustentable sobre todo en cuanto al acceso rural y local. Las TIC pueden servir para incrementar el acceso a la salud y la educación, o para reducir la vulnerabilidad y aumentar la participación ciudadana en el gobierno y las instituciones. Por lo tanto, se solicita a las autoridades respectivas la promoción y la adopción de un enfoque multisectorial para lograr un acceso universal a la banda ancha, asequible y equitativo, es decir que valoren el potencial de las organizaciones sociales desarrolladas por más de 40 años en los campos chilenos asociados a la provision de servicios de aguas potables rurales. Específicamente, se reconoce la necesidad de integrar la regulación y las políticas de TIC a las estrategias locales de desarrollo, así como la explotación de las complementariedades entre diversos tipos de infraestructuras (por ejemplo, redes de transporte de datos, estanques de aguas potables, fuentes de energía/electricidad, comunicación, etc.)

Sin embargo, algunos de estos puntos se contradicen. Por ejemplo, existe una contradicción inherente (al menos en cuanto al valor inicial) entre aceptar la "eficacia" de los modelos competitivos de capitalismo salvaje y su promoción en el sector de las telecomunicaciones, y el llamado a incrementar la participación de un espectro más diverso de operadores y proveedores de red, que en su mayoría adoptan modelos no comerciales para lograr un acceso más amplio en las áreas rurales. ¿Realmente podrán todos los grupos de interés ponerse de acuerdo en que para hacer realidad el acceso universal deben coexistir los modelos competitivos con los de colaboración? En Estados Unidos, las discrepancias en torno al despliegue de las redes inalámbricas municipales son visibles, y los principales oponentes son los operadores privados de red.

Puede que éste no sea un problema en los países en desarrollo, donde aún hay una participación considerable del sector público en la provisión de las redes de TIC y en el rol creciente de los servicios de TIC, como el gobierno electrónico. En muchos países en desarrollo, los intentos de privatización de los operadores públicos de telecomunicaciones tuvieron un impacto negativo sobre la introducción de la competencia y la reducción de las brechas del acceso (Horwitz & Currie, 2007). Es poco probable que vaya a existir un enfoque puro de mercado en países donde aún prevalece la noción del estado de desarrollo. Más probablemente, la modificación primaria del modelo de reforma de las telecomunicaciones será otorgarle un papel al sector público y fomentar la provisión de una red comunitaria en un entorno en el que predomina la competencia, siempre que ésta sea transparente y no discriminatoria. Todos pueden participar, según el principio del acceso abierto.

Para apoyar el despliegue de redes inalámbricas comunitarias en zonas rurales, así como para los programas de capacitación y el desarrollo de contenidos locales que habiliten a los ciudadanos y ciudadanas a usar las TIC de manera eficiente en lenguas locales, también es necesaria una modificación de los mandatos de los fondos de acceso universal en los países en desarrollo. Los y las responsables de la formulación de políticas y los reguladores deben respaldarla, permitiendo entre otras que las regulaciones liberen el uso de voz a través del protocolo de internet (VoIP), admitiendo el acceso comunitario al espectro y creando regímenes sencillos de licencias e interconexión para las redes comunitarias.

La analista e investigadora de TIC para el desarrollo Abiodun Jagun ilustra en la Figura 1 lo que ella llama "monopolios reforzados", que impiden la realización del potencial económico y del desarrollo. El diagrama representa las diversas variantes de monopolio que operan en distintos niveles, como las licencias de uso de portales internacionales, las estaciones de tierra, la red troncal nacional, etc. Quienes desean "acceso" a la banda ancha tienen que navegar por esos monopolios.

 

Las líneas enteras representan monopolios puros.

Figura 1: Círculos concéntricos de obstáculos monopólicos

Resolver un problema político y regulatorio de esta magnitud ilustra la complejidad de lo que está en juego a la hora de construir la banda ancha en los países en desarrollo. Y si no se resuelve el problema del acceso asequible a la banda, nunca se podrá cumplir la promesa de brindar este tipo de acceso abierto a internet.

De todos modos, basta a veces una simple maniobra de un regulador para generar un cambio radical en un estado de cosas aparentemente irremediable. No obstante, la situación de la gobernanza en los países en desarrollo es un problema. Los gobiernos del mundo en desarrollo suelen ser los peores enemigos de sus ciudadanos y ciudadanas. Carecen de capacidad para hacer las cosas, no defienden los derechos ni responden a las necesidades de la ciudadanía y no se responsabilizan por sus acciones. Puede haber todo el consenso del mundo en cuanto a lo que puede hacerse para mejorar el acceso equitativo a las TIC, pero éste no servirá de mucho si el Estado no funciona bien. Esto no significa que la mala gobernanza sea exclusiva de los países en desarrollo, pero su impacto es mucho mayor allí donde hay carencia de capacidad dentro de las instituciones en general, y donde hay urgencias mayores como la pobreza y la falta de recursos. Éste es un desafío importante en lo referente al acceso equitativo.

Afortunadamente, los gobiernos del mundo en desarrollo son cada vez más concientes de sus defectos en relación a la gobernanza. El tema está en la agenda global y las nacionales, y las agencias internacionales, como el programa de Gobernanza y anticorrupción del Instituto del Banco Mundial, que produce una serie de indicadores para cada país, están elaborando indicadores para medir la buena gobernanza, que reflejan:

Voz y responsabilidad
Estabilidad política
Eficiencia gubernamental
Gobierno de la ley
Calidad regulatoria
Control de la corrupción.

Los indicadores son una forma de incentivar a algunos países en desarrollo a mejorar su situación, pero también sirven para que las organizaciones de la sociedad civil entiendan dónde están los problemas de gobernanza en un Estado en particular y qué margen de incidencia existe a favor del acceso equitativo. Los indicadores sobre calidad regulatoria y eficiencia gubernamental son de particular importancia en este punto.

Pero a la metodología de la buena gobernanza le falta reconocer el rol de las redes de patrones y clientes en la gobernanza de los países en desarrollo. El UIT-D (sector de desarrollo de la UIT) nunca trata este tema en su trabajo con reguladores y gobiernos del mundo en desarrollo. Los múltiples documentos sobre políticas de la UIT equivalen en suma a un estado apolítico, lo cual sugiere una relación directa entre seguir sus consejos sobre reforma de políticas de comunicación y resultados positivos en el terreno.
Esta laguna de la reforma de las políticas de comunicación que intenta explicar los fracasos políticos y regulatorios como resultado del mal funcionamiento institucional y la aplicación incorrecta de incentivos, en el idioma de la economía institucional no abarca las realidades de las relaciones entre clientes y empresarios ni la avidez de rentabilidad en la política de los países en desarrollo. (Khan, 2004). Mientras no cambien estas dinámicas políticas, es poco probable que mejoren las reformas de las políticas de comunicación.

El factor clave para el éxito del trabajo en pos de una buena gobernanza es cuán seriamente se toman a sí mismos los países en desarrollo.

¿Qué es el acceso abierto?

Acceso abierto significa creación de competencia en todos los estratos de una red de comunicaciones, que permite que un gran número de aplicaciones y elementos físicos interactúen en una arquitectura abierta. En pocas palabras, todo el mundo puede conectarse con quien quiera en un marco tecnológicamente neutro propicio a la prestación de servicios innovadores y poco onerosos a los usuarios.

El acceso abierto incita a los pequeños actores locales a entrar en el mercado y trata de impedir cualquier tipo de dominación por una sola empresa. También exige cierta transparencia, a fin de garantizar unas relaciones justas dentro de las capas de una red y entre las mismas, sobre la base de una información clara y fácilmente comparable sobre los precios y servicios del mercado.

Enviado por Juan Pablo Salinas, Nomadenet