Hace exactamente un mes atrás se denunció en Fayerwayer la mayor filtración de datos personales de más de 6 millones de chilenos en Internet.

En síntesis, en unos comentarios de un artículo del portal, se puso
a disposición tres links para descargar sendos archivos que contienen bases de datos en formato CSVRUN
— Rol Único Nacional, el número de identificación chileno –, datos socioeconómicos, electorales, educacionales, direcciones y teléfonos particulares, entre otros, de instituciones públicas y privadas donde existe información de millones de chilenos.

Frente a este hecho, un análisis particular del caso concluyó que frente a la pregunta ¿es realmente un delito penado por la ley descargar estos datos y utilizarlos?, la conclusión fue unánime. Es legal descargarlos y darles un tratamiento.

Sin embargo, muchos quedamos esperando ver la reacción de los poderes públicos del Estado y su posición frente a este inusual hecho.
¿Y finalmente que dijeron?

Poder Ejecutivo: Comenzaron muy, pero muy mal. El vocero del gobierno Francisco Vidal se autoproclamaba (con una sonrisa incluida) que era un analfabeto tecnológico… y que al señor “hacker” hay que pillarlo. Después de este desafortunado comentario se dijo que se estaba investigando por parte de la Brigada Investigadora del Cibercrimen. ¿Y el resultado?... aun sin determinar responsabilidades, porque en principio no existiría tal hackeo. Fin de la acción del Gobierno.

Poder Judicial: Tal como caracteriza su pasividad, no hizo nada. Como no ha habido acusaciones por parte de Fiscalía, los tribunales no hacen nada. Fin de la acción de los jueces.

Poder Legislativo: Como es costumbre, algunos parlamentarios dieron el grito al cielo y reconocían la mala legislación que existe en el país y anunciaron acciones para revertirlo.

Siguiendo los eventos del Congreso, se presentó este 3 de junio recién pasado una moción de varios diputados en la que buscan “Modifica el artículo 19 N° 4, de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar como garantía constitucional, la protección de los datos personales y su resguardo legal.” Con esto se buscaría el reconociendo del derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, los que deben ser tratados para fines concretos y específicos, con su propio consentimiento, o en virtud de otro fundamento contemplado en la ley, y el derecho a acceder a dichos datos, para obtener su rectificación, actualización o cancelación, según procediere.

Sin embargo creo que esta medida es insuficiente porque este mismo proyecto regula que una ley orgánica constitucional establecerá las normas para la debida aplicación de este derecho (una ley orgánica que no existe). ¿Posible resultado? años de tramitación considerando que fue presentado sin urgencia.

Para finalizar un dato farandulero. Un proyecto de acuerdo fue presentado en la Cámara de Diputados el 4 de junio pasado mediante el cual se solicita a la Presidenta la creación de una institucionalidad pública independiente que garantice el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales, a través de los “ministerios correspondientes” (¿sabrán cuales son?) , y con la asesoría de expertos (escúchalos, señor, te rogamos).

Como pueden apreciar, a pesar de la magnitud del hecho de la filtración, que afecte a casi la mitad de Chile, nuestros representantes (elegidos, designados y apernados), no hacen más que demagogia mientras el tema es mantenido en la memoria momentanea. Luego de eso, solo un silencio en la acción.

Termino con la misma pregunta que quedé al analizar el caso un mes atrás… ¿Y así nos sorprendemos que a pesar de tener una ley especial sobre “Protección de la Vida Privada” Europa nos considera un país sin el adecuado nivel de protección de nuestros datos personales?

OFF THE RECORD: He sabido de buenas fuentes que se encuentran trabajando en 2 proyectos que serán presentados por el gobierno que modificaría la ley de protección de datos, adecuándolo al uso de las nuevas tecnologías. Una patrocinada por el ministerio de hacienda (lo que me preocupa muchísimo porque sería continuar con una ley de y para las empresas) y otra de la Subtel, quien a tenido la vocería en este caso.
Habrá que ver los resultados, analizarlos y comentarlos debidamente para que nunca mas volvamos a tener leyes pro-sectoriales pymes en perjuicio de los chilenos.