
3 indicadores:
Tasa de pobreza (después de las transferencias sociales)
Índice de privación material
Porcentaje de personas que viven en hogares con una baja intensidad de trabajo
3 prioridades en la implementación de políticas a favor de la inclusión social:
Reforzar la transversalidad de las políticas de inclusión social, de manera que esta cuestión sea abordada en el resto de políticas, poniendo un énfasis especial en mejorar la coordinación entre las políticas macro y microeconómicas. Se emplearán mejor los fondos europeos para impulsar la inclusión social y combatir la discriminación.
Un informe de evaluación anual de los Programas Nacionales de Reforma (instrumento que utilizan los gobiernos nacionales para implementar su política económica de acuerdo a las directrices europeas, especialmente en los ámbitos de renta per capita, empleo y sociedad del conocimiento), que deberán elaborar los Estados miembros sobre la base de unas directrices integrales previamente aprobadas por la UE. Los primeros PNR deberían ver la luz el próximo abril.
Una serie de recomendaciones anuales para cada país, aprobadas conjuntamente por la Comisión Europea y el Consejo en relación con sus objetivos específicos.
A pesar de que es positivo que la UE haya establecido unos objetivos cuantitativos de reducción de pobreza, se corre el riesgo de que los países se centren en sacar de la pobreza a las personas que tienen más facilidad para salir, dejando “al margen” las personas más pobres y vulnerables, es decir, personas que ya estaban en situación de exclusión social antes de la crisis, que no se beneficiaron de los periodos de bonanza económica.
Se trata de una estrategia muy centrada en políticas de acceso al empleo, en las que las políticas de inclusión activa (rentas mínimas adecuadas, acceso a servicios, y una adecuada protección social y apoyo personalizado en el acceso al empleo) han quedado diluidas.
No queda claro cuál es el avance en relación con el Método Abierto de Coordinación. Con la Estrategia de Lisboa, se mejoró la coordinación de las políticas de inclusión y protección social entre los Estados miembros, pero también con los actores clave (ONG, gobiernos regionales y locales, etc.) gracias a los planes nacionales de inclusión social y los informes conjuntos. Sin embargo, de esta comunicación no se puede deducir ningún avance a nivel práctico en términos de coordinación. De hecho, la comunicación habla de los Programa Nacionales de Reforma, pero no avanza en los instrumentos y los mecanismos operativos para llevar a cabo los objetivos que plantea la Estrategia 2020.
Las políticas de igualdad de trato parecen centrarse en 3 ámbitos concretos: la mujer, la población gitana y las personas discapacidad. El enfoque específico ha sustituido el enfoque más integral.
En relación con el objetivo de reducción de pobreza, todavía no se han acordado los objetivos nacionales por lo que se podría exigir a la UE que estableciese matices para que las personas más vulnerables no cayesen fuera de la agenda.
En relación con la Plataforma de pobreza: es importante definir propuestas más operativas sobre cómo va a funcionar esta plataforma, qué estructura va a tener, cuáles van a ser los instrumentos operativos para ponerla en marcha, gestionarla y hacer seguimiento, cómo se va a relacionar con el resto de grupos de interés. Pero sobre todo debe quedar claro cuál va a ser el grado de implicación, compromiso y participación entre el plano nacional y el plano europeo en el desarrollo de esto.
En relación a los fondos europeos: no queda claro cuáles van a ser los instrumentos financieros ni quienes los gestionan. Además, hay que exigir que no sólo se centren en actividades de acceso al empleo sino en iniciativas vinculadas a las políticas de inclusión activa.
















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