Hanga Roa, 21 de febrero de 2011
Sr. Sebastián Piñera
Presidente de hermana República de Chile

Presente:

Iorana Koe

De nuestra consideración:

Somos Rapa Nui, herederos de la cultura Maori, Kainga de grandes músicos, artesanos y bailarines, pero también de temerarios navegantes, feroces Guerreros y de Constructores enigmáticos.

Pueblo que habitó y civilizó la Polinesia, que depositó su máxima expresión cultural en Te Pito Te Henua, somos el Ombligo del Mundo aún el hombre blanco no encuentra respuesta para tanta maravilla.

Le queremos contar a usted la única respuesta: tenemos “MANA”.

Seguramente la primera vez que usted  visitó nuestra Isla lo sintió es ese mismo “MANA”, el que nos obliga a escribirle como representantes del pueblo Rapa-Nui y espero que a usted le ayude a escucharnos.

Tranquilos vivimos por más de un milenio, hasta que un día, desde donde sale y se oculta el sol, llegaron los europeos en grandes Pahi (embarcaciones), con su egoísmo, enfermedades, esclavitud  y muerte.

Esta tragedia del colonialismo, que horrorizó al mundo entero, propició que nuestros pueblos –Chile y Rapa Nui- se hermanaran.

El visionario Capitán de Corbeta de la Armada Chilena don Policarpo Toro, en nombre de su pueblo y a través de un tratado internacional “Acuerdo de Voluntades” de 1888 nos ofreció Protección.

Nuestra demanda fue  el cumplimiento por parte del Estado chileno de los compromisos asumidos con nuestro pueblo representado por el Ariki Atamu Tekena en dicho Acuerdo.

Este, en síntesis, reserva el derecho absoluto e inalienable sobre nuestro Kainga (territorio) como así también a  nuestra libre determinación manifestado en la reserva de investidura que hicieron nuestros jefes.

Estas obligaciones como su  cumplimento se encuentran reconocidas por el Estado Chileno  en el  texto del informe La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.

Hoy, 122 años después de este acto, aquellas siguen siendo nuestras demandas.

Lamentamos que en forma sistemática no hayan sido atendidas por la autoridad central.

Su Gobierno y los Rapa Nui

Con inmensa alegría recibimos sus palabras, cuando el 22 de septiembre pasado y ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, dijo usted:

“Queremos también reafirmar nuestro compromiso con los principios que han regido y orientado por siempre nuestra política exterior. Entre ellos destaco el respeto irrestricto al derecho internacional, la inviolabilidad de los tratados, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la autodeterminación de los pueblos, los cuales son sin duda bases esenciales para la estabilidad internacional y coexistencia pacífica entre  los países”        

 Más adelante, en la misma asamblea, señalo:

 “Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural, pero reconocemos que por siglos no hemos dado a nuestros pueblos originarios las verdaderas oportunidades que ellos merecen y necesitan”.

Pensamos sinceramente que este era el comienzo de una nueva relación entre nuestro pueblo, lamentablemente señor Presidente queremos ponerlo en conocimiento de los acontecimientos que se han suscitado en Rapa Nui en el último año donde la actuación de sus representantes se ha alejado diametralmente de la voluntad que usted, entendemos que en forma sincera, expresó ante la comunidad internacional.

El mes de marzo del año pasado (2010), como consecuencia de las decisiones tomadas por su Gobierno respecto de la isla ( designar como Gobernador a P. Edmunds), que hicieron ver que las demandas históricas del pueblo Maori Rapa-Nui, una vez más no serían atendidas, representantes de la derecha local y miembros de distintos movimientos sociales como el Parlamento Rapa Nui, deciden ocupar la Plaza Rirokainga demandando la salida del Gobernador y el cumplimiento por parte del Estado chileno de los compromisos asumidos con el pueblo Rapa Nui en el Tratado Acuerdo de Voluntades de 1888.

Su Gobierno erradamente entendió que cambiando de Gobernador solucionaría el problema.

De hecho, durante este gobierno la isla ha tenido cuatro distintos gobernadores y el conflicto crece.

La autoridad central, parece no comprender que la demanda transversal de nuestro pueblo es la libre determinación y que la elección de la autoridad en cuestión fue solamente un elemento que provocó el resurgimiento del malestar histórico, radicado en la incapacidad de entender nuestras diferencias culturales y respetarlas.

Esta acción política pacífica del pueblo Rapa Nui -ocupación de la Plaza Rirokainga- terminó violentamente el pasado 29 de diciembre, cuando Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile con el respaldo de efectivos de la PDI,  todos fuertemente armados, amparados en una orden del Intendente Sr. Raúl Celis de despejar construcciones en la plaza, procedieron a reprimir de manera desproporcionada a nuestras mujeres, quienes sorprendidas con el despliegue de fuerza, se encontraban reunida en los alrededores del lugar.

Esto constituye solamente un triste capítulo más de los 122 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales como consecuencia de la lógica colonialista del Estado Chileno en su relación con nuestro pueblo.

Queremos ser claros Sr. Piñera:

Somos víctimas de un genocidio silencioso.

Tan solo cabe recordar que hasta el año 1966 al no tener derechos civiles en los hechos éramos considerados “cosas” y, en consecuencia, tratados como tales.

El Estado, con sus políticas, nos ha despojado de nuestros recursos naturales y culturales, además de robarnos nuestras tierras con la inscripción ilegal, en 1933, ante el Registro Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso de todo el territorio de la Isla a nombre del Fisco chileno, en directa oposición al Acuerdo de Voluntades de 1888.

Por último, en la actual contingencia y para solucionar un conflicto iniciado a partir del actuar del propio gobierno, se ha militarizado la isla y frente al uso abusivo de la fuerza por parte de la policía, la autoridad no solo no ha reaccionado dejando estos hechos en la impunidad, sino que además los ha negado públicamente.

Usted está en conocimiento de esto y debemos lamentar que no haya hecho ningún gesto para detener el abuso.

Esta lógica es incomprensible viniendo de un Estado que se dice moderno y respetuoso de los derechos humanos.

Su violencia es justificada en la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, como si este solamente radicara en las expectativas comerciales de unos pocos,  violando de esta forma nuestros más fundamentales derechos políticos y resintiendo una vez más la relación del pueblo Rapa Nui con el Estado chileno.

Nosotros queremos establecer un diálogo respetuoso basado en los derechos reconocidos internacionalmente, pero el Estado responde con violencia. Demandamos autodeterminación, pero el Estado responde imponiendo sus intereses e ignorándonos.

Usted ha reafirmado ante la comunidad  internacional el compromiso que el Estado de Chile asumió principalmente a través del Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales que versan sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, todos normas de rango Constitucional.

Sin embargo, en el devenir del conflicto hemos sido testigo de la nula voluntad de los agentes del Estado y principalmente los representantes de su gobierno en asumir estos compromisos.

En primer término, las comentadas mesas de trabajo, tan publicitadas por su gobierno, son al menos ilegales sino inconstitucionales, ya que no respetan ninguno de los estándares internacionales que regulan estos procesos, no se sometieron al trámite de la consulta y no incorporan debidamente al Pueblo Rapa Nui en su composición.

Además son una farsa.

Denunciamos ante Ud. que no existe trabajo real y serio en esas mesas, por las siguientes razones:

1°- En ninguna de ellas existen conclusiones asumidas en conjunto con los representantes del Pueblo Rapa Nui.

2°- El gobierno, al invitar al Concejo Municipal, pretende negar al conflicto su condición de naturaleza indígena, pues los únicos representantes electos del Pueblo Rapa Nui son los miembros de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua y el Concejero Nacional Indígena Rafael Tuki, quien fue excluido de estas mesas;

3°- A pesar de que los “representantes “del pueblo Rapa Nui  en las distintas mesas, hicieron ver al gobierno la necesidad de incorporar la demanda de Libre determinación como eje central en la discusión, no existe alusión alguna a este derecho en el “Resumen Informe Final de las Mesas de Trabajo de Isla de Pascua” (único documento con conclusiones de las mesas) que fue entregado solamente a los miembros de la CODEIPA en el mes de diciembre casi dos meses después que su Ministro del Interior entregara  las conclusiones a la comunidad.

4°- Su gobierno anunció una inyección presupuestaria histórica en la Isla.

Sin embargo, el grueso de ésta radica en proyectos en actual ejecución presupuestaria (basado en las obras del Hospital local) y otros que ya contaban con financiamiento (como el Aeropuerto), es decir los agentes de su gobierno pretende engañar a la opinión pública haciendo pasar como logros de las mesas, beneficios otorgados en administraciones anteriores, además, estos trabajos son ejecutados por empresas del continente que no generan fuentes laborales en la isla, por tanto, la mayoría de los recursos vuelven al Continente en forma de sueldos.

Esto es inaceptable.

5°- El Ministro del Interior, anunció el día 22 de octubre de 2010, la continuidad de las mesas de trabajo.

A pesar de ello, desde esa fecha no ha existido trabajo alguno en éstas, de hecho, el Concejo Municipal se retiró de las mismas y después de los hechos de violencia de que hemos sido víctimas en los últimos meses los miembros de la CODEIPA han tomado la misma decisión.

6°- En la Mesa de Tierras, los representantes del Pueblo Rapa Nui, el Concejal don Carlos Riroroko y el miembro de la CODEIPA don Raúl Teao, hicieron ver a través de un documento denominado “Testimonio de los Representantes Rapa Nui para la Mesa de Tierras”, que la negativa del gobierno a financiar los estudios necesarios para resolver los denominados conflictos emblemáticos, era la principal razón por la que ellos no se encontraban resueltos, señalando que:

  “Los casos no atendidos a la fecha, se deben justamente a la falta de financiamiento en el sentido de contar con el apoyo técnico necesario para poder emitir una opinión al respecto de estos.

Ello debido a la alta complejidad de los mismos, como así también a la diversidad de reclamaciones respecto de un inmueble o sector.

El Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad política en este fracaso”.

Este testimonio fue aportado a la mesa y no figura dentro de las conclusiones de éstas.

En lo que dice relación con la actuación de su gobierno en el manejo comunicacional del conflicto, nos llama poderosamente la atención las actitudes poco honestas del Intendente Sr. Raúl Celis, quien derechamente ha faltado a la verdad.

En su primera visita a la isla, en varias oportunidades el Honorable Concejo Municipal le hizo ver la delicada situación que se estaba viviendo.

En esa oportunidad, el Intendente bajó el perfil a la contingencia, instando a los Concejales a que ellos “convencieran” a la gente para que dejara la plaza, negando posteriormente ante la prensa que en su visita se le hubiese puesto al tanto del conflicto.

De la misma forma se pretende manipular a la opinión pública cuando califica a los desalojos como “judiciales”, cuando en verdad no lo son.

En la Isla, las policías con el apoyo de Fiscalía y el amparo del Juez de Garantía han desarrollado una estrategia judicial para obtener ilegalmente los desalojos que consiste en lo siguiente:

 1°- Se individualiza a alguno de los miembros de los Clanes que mantienen recuperaciones de territorios colectivos y se les cita a audiencia de formalización por el delito de usurpación. De esta manera se criminaliza un  movimiento de recuperación de tierras indígenas que previamente había sido legitimado por el propio gobierno.

Recordemos que las ocupaciones son el origen de las mesas propuestas.

 2°- En las audiencias además de formalizar por el delito notificado, la fiscalía solicita la formalización por un segundo delito: violación de morada; y amparado en este se aplica la imposición de medidas cautelares de alejamiento al domicilio de la víctima.

El tribunal accede a la solicitud del Ministerio Público y entiende que este domicilio es el recuperado por los clanes, siendo de público conocimiento que el domicilio actual de las supuestas  víctimas es otro.

De esta forma el juez de garantía no solamente impone una medida cautelar sobre un inmueble del que es vecino (su casa también es reivindicada) sino que además deja en indefensión a la supuesta víctima, ya que los imputados no tienen ningún tipo restricción sobre su domicilio real, que debería ser el bien a cautelar por el Juez de Garantía y no su propia tranquilidad como en efecto hace.

 3°- En la realización de la audiencia el juez de garantía, negó a los imputados el derecho consagrado en el inciso 3° del artículo 54° de la Ley Indígena de hacer uso de su lengua materna en juicio, sobre todo en consideración de que los imputados tienen un conocimiento limitado del castellano, incumpliéndose también los artículos 98° inciso final y 291° del Código Procesal Penal, lo que implica una vulneración de manera directa el artículo 19° N° 3 de nuestra Constitución Política, desconociéndose a los imputados el derecho a un debido proceso.

Estas garantías se encuentran expresamente consagradas en instrumentos de derecho internacional reconocidos por Chile, como lo son las obligaciones del Estado de respetar las costumbres de los pueblos indígenas al aplicar la legislación nacional y garantizar que sus miembros puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, dispuestas en los artículos 8° y 12° del Convenio 169° OIT y los derechos de toda persona a ser informado en el propio idioma del delito que se le imputa y a ser asistido por traductor, establecidos en el artículo 14° del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

4°-  Decretas las medidas cautelares, el tribunal oficia a Carabineros de Chile para que disponga su fiscalización.

En razón de una de estas órdenes todo el contingente policial de la Isla (carabineros y PDI) se presenta el 3 de diciembre antes de la salida del sol en el primero de los inmuebles en cuestión.

Esta inusual medida de fuerza provocó la defensa por parte de algunos de los ocupantes, lo que “justificó” el desproporcionado despliegue de violencia del cual el mundo ha sido testigo, donde resultaron heridos más de treinta de nuestros hermanos, la mayoría por perdigones de goma, varios con heridas a quemarropa.

Por su parte, en los supuestos desalojos del día 16 de diciembre, Carabineros fue a fiscalizar una medida cautelar que se estaba cumpliendo, ninguno de los imputados se encontraba en los inmuebles.

A pesar de estar en conocimiento de esto, proceden a amenazar a los ocupantes sobre los que no recaía medida cautelar alguna con el uso de la fuerza, haciendo referencia expresa al accionar del pasado 3 de diciembre, a efectos de darle credibilidad a la amenaza de uso de la fuerza.

5° Luego de los desalojos, Carabineros ingresa y se instala en los inmuebles, manteniendo los que se han transformado en cuarteles de facto, similares a los utilizados por  ejércitos de ocupación.

6º  El caso del hotel, es más curioso aún, señor Presidente a diferencia de los otros Clanes  que decidieron contar con la asesoría legal que ofrece el estado en la Isla, los Hitos contaron con una asesoría jurídica de calidad y ante la imposibilidad de la fiscalía de materializar su montaje, Carabineros decide actuar en razón de sus facultades autónomas porque consideró  curiosamente y después de tener sitiado militarmente el hotel por más de un mes, que se cometía el delito infraganti de usurpación (delito que tiene como pena una multa) ante tan grave hecho delictual, Carabineros solicita la colaboración del grupo económico Schiess (carabineros se movilizo en vehiculos de la S.A que se reputa dueña del hotel) y decide intervenir para cautelar los sitios del suceso.

Todos estos hechos casualmente ocurrieron un día antes de que Comisión Interamericana de Derechos humanos notificara –el 7 de febrero- a su Gobierno de la aplicación de medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui. Esto, con el fin de evitar la continuación de la violencia policial y los desalojos impulsados por su Gobierno.

Esto ocurría dos días antes de la audiencia de cautela de garantías que sería presidida por una Jueza de Garantía traída de Valparaíso.

Su gobierno, a pesar de estar en conocimiento de todos estos sucesos, no hace nada para remediarlos sino que además los ampara.

Recordemos que tras los incidentes del 3 de diciembre las autoridades de Gobierno hablaron de 3 Rapanuis y 17 Carabineros heridos, estando en conocimiento que el informe oficial del hospital hablaba de 17 Rapanuis y un Carabinero herido.

Estos  tampoco incluyen a un número similar de nuestros hermanos que decidieron no asistir al hospital por miedo a represalias.

De igual forma, en los incidentes del pasado 29 de diciembre, la información entregada por el Intendente eran 9 detenidos y 1 herido, cuando en realidad hubo 10 detenidos, todos heridos y tres de gravedad.

Nos gustaría saber si se siente arrepentido de este proceder y piensa remediarlo.

Es importante volver a mencionarle que nuestros hermanos que están y serán formalizados en la Isla no cuentan con defensa jurídica especializada en Derecho indígena.

La institución destinada a la protección de los Derechos de los pueblos Indígenas es la CONADI,  pero esta oficina en Rapa-Nui no cuenta con una Jefatura ni abogado para defensa jurídica hace ya muchos años.

Pero la máxima sorpresa, Presidente fueron las declaraciones de su Ministro del Interior cuando el día 18 de febrero de 2011, anuncio con bombos y platillos la solución del conflicto sobre la “propiedad” del Hotel Hanga Roa. Declaró Sr. Hinzpeter:

 “(subrayamos) la luz infinita de la generosidad humana encarnada en el gesto de la familia Schiess al entregar la propiedad del hotel al pueblo Rapa Nui”.

Sobre esta declaración me permito hacer un par de cometarios:

1°- el Sr Ministro incurre en una flagrante intervención ante otro órgano del Estado, al reconocer legitimidad a un titulo sobre el que se mantiene una disputa en tribunales, además de violar el articulo N° 17 del convenio 169 de la OIT, y del que el subsecretario Ubilla había dicho:

 “Quiero dejar en claro que lo que ocurre en Hanga Roa es estrictamente un conflicto entre privados”.

Es decir el Estado usurpador llega a un acuerdo con el extranjero explotador excluyendo al clan usurpado (muy legítimo proceder).

Exigimos en este punto, una respuesta clara y rápida de su parte.

2°- La generosidad de la familia inversionista se reduce al siguiente cálculo (en base al acuerdo informado por el vespertino “La Segunda”) ganancias de 12 millones de dólares anuales por treinta años es decir, la frívola cifra de 360 millones de dólares (110 más que los anunciados por su “Histórico” plan Pascua).

La Generosa familia Schiess solamente recuperara 24 veces su inversión, esta cifra estimando como honesta la declaración de impacto ambiental realizada por el mismo grupo económico donde declara que el costo del proyecto “remodelación del hotel Hanga Roa” tiene un cuantía de 15 millones de dólares.

Mal haríamos en pensar que estos inversiones extranjeros faltaron a la verdad en su declaración de impacto ambiental que dicho sea de paso fue rechazada por la COREMA (12 votos en contra, 5 abstenciones y un voto a favor).

Y que increíblemente la CONAMA aprobó usando como argumento un certificado emanado por la dirección de obras de la ilustre Municipalidad de Isla de Pascua  y visado por el ex alcalde Petero Edmuns (DC, ex Alcalde, ex Gobernador, impulsor de proyecto y proto-socio de los Schiess).

No feliz con esto el ministro declara “que con esta decisión ya no habrá terrenos de particulares en la Isla de Pascua dando a entender además, que con esto se solucionaban los problemas en la Isla”. Nuevamente falta a la verdad don Rodrigo, le informo Sr. Presidente que la Sociedad anónima abierta ENTEl CHILE S.A es propietaria de un inmueble usurpado al clan Tuko Tuki como así también Banco Estado y Correos de Chile.

¿Qué hemos hecho para merecer esto Presidente?

¿Por qué sus ministros e intendente actúan como si nos odiaran y como si lo único que les interesara es cerrar rápido un negocio, no importando las consecuencias humanitarias que de ello se deriven?

¿Presidente: no le interesa a su Gobierno la pérdida de prestigio a la que está llevando a Chile, que le significará, de continuar los abusos, ser condenado por la comunidad internacional arrojándolo a la categoría de país violador de los derechos humanos?

¿Qué no se da cuenta que en menos de un año de su Gobierno, la CIDH  ya aplicó medidas cautelares por la violencia policial a la que nos ha sometido? ¿Le interesa realmente mejorar las relaciones con nuestro pueblo y efectivamente garantizar nuestro derecho a la autodeterminación?

Nosotros queremos ser amigos de Chile, pero el Gobierno de Chile ¿quiere ser amigo de nosotros?

Los hechos antes descritos son solamente un resumen de las irregularidades que en los últimos meses se han suscitado en la Isla, los que no constituyen por sí mismos un conflicto, pues son solamente la manifestación más reciente de uno de carácter Histórico, radicado en el incumplimiento sistemático de los compromisos que el Estado chileno asumió con nuestro pueblo en el Tratado “Acuerdo de  Voluntades” de 1888.

En la vista de los acontecimientos antes descritos y frente a la falta de garantías e imparcialidad flagrante de los agentes del Estado, le informó a usted que como pueblo presentaremos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer nuestros derechos internacionalmente reconocidos, como así también, ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Finalmente aprovechamos de hacer un llamado a el resto de los poderes e instituciones del Estado a que intervengan directamente en  esta controversia especialmente el instituto de Derechos Humanos, a las comisiones de Derechos Humanos del Congreso, a los Senador J.P. Letelier, Carlos Cantero, A. Navarro, al Diputado H. Gutiérrez y al Diputado R. Alinco, quienes siempre han demostrado preocupación y solidaridad por la situación del Pueblo Rapa Nui. También a la oficina de Prensa Rapa Nui, que desde que se creó –en septiembre pasado- nos ha permitido dar a conocer de mejor manera nuestra grave situación.

Señor Presidente tiene usted la oportunidad histórica de transformar  la relación de nuestros pueblos en base a  justicia y dignidad, respetando nuestro derecho inalienable a la Libre Determinación, derechos  que están garantizados en el espíritu del Tratado de acuerdo de Voluntades de 1888, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los pueblos Indígenas, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre la Discriminación Racial y Convenio 169 de La OIT.

Le solicitamos que  las medidas administrativas, políticas, legales, judiciales, proyecto estatuto especial y Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios respete y aplique el derecho de libre determinación, garantizados para con nuestro pueblo.

Por favor no entienda esta  demanda como un deseo independentista, lo que queremos es el reconocimiento de nuestra organización política, económica, social y cultural.

Los ojos del mundo están hoy puestos en nuestra Isla: no pierda usted la oportunidad de probar que su anhelo de respeto a los Pueblos Originarios se materializa en las políticas que promueve.

Iorana koe

Atentamente:

 Firman autoridades y organizaciones del pueblo Maori Rapa-Nui.

 

C.C:

- Pueblo Rapa-Nui

- Congreso de Chile

- Instituto de Derechos Humanos

- Organización de las Naciones Unidas (ONU)

- Organización Internacional del Trabajo (OIT)

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

- Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Comité de Descolonización de la ONU

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

- Países miembros de la ONU

- Presidente de los Estados Unidos

- Comisiones de derechos Humanos del Congreso de Chile

- Corporación Nacional de desarrollo Indígena (CONADI)

- ONGs de Derechos Humanos